ANTECEDENTES DEL CONGRESO DE PANAMÁ
"Es una idea grandiosa pretender formar de todo el Mundo Nuevo en una sola nación con un solo vinculo que ligue sus partes entre sí y con el todo. Ya que tiene un origen, una lengua, unas costumbres y una religión, debería, por consiguiente, tener un solo gobierno que confederase los diferentes estados que hayan de formarse; [...] ¡Qué bello sería que el Istmo de Panamá fuese para nosotros lo que el de Corinto para los griegos! Ojalá que algún día tengamos la fortuna de instalar allí un augusto congreso de los representantes de las repúblicas, reinos e imperios a tratar y discutir sobre los altos intereses de la paz y de la guerra, con las naciones de las otras partes del mundo. Esta especie de corporación podrá tener lugar en alguna época dichosa de nuestra regeneración..."
Finalmente el argentino Bernardo de Monteagudo, luego de haber formado parte de las revoluciones independentistas del Alto Perú, el Río de la Plata, Chile y Perú, y de haber visitado las nuevas naciones independientes de Panamá y Centroamérica, escribió en 1824, alentado por Bolivar, su Ensayo sobre la necesidad de una federación general entre los estados hispano-americanos y plan de su organización, antecedente inmediato del Congreso de Panamá.
El congreso fue convocado por Simón Bolívar, desde Lima, el 7 de diciembre de 1824.
El Congreso logró instalarse en la ciudad de Panamá el 22 de junio de 1826 y dejó de sesionar el 15 de julio de ese año. Asistieron dos representantes por cada país concurrente: de Gran Colombia (que abarcaba los actuales estados de Colombia, Ecuador, Panamá, Venezuela), de Perú, de México, y de las Provincias Unidas del Centro de América (que comprendía las actuales repúblicas de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, y Costa Rica). El propio Bolívar se abstuvo de intervenir en sesiones del Congreso al considerar incompatible su presencia allí mientras desempeñaba la presidencia de Perú.
Si bien la joven República de Bolivia fue invitada, recién en julio de 1826 el presidente de Bolivia, el mariscal venezolano Antonio José de Sucre, designó a sus dos delegados. Poco antes de la partida de los delegados bolivianos llegaron las noticias del inicio del Congreso así como de sus acuerdos y por ello quedaron sin efecto las designaciones al tornarse inútil enviar delegados, pese a la plena identificación del mariscal Sucre con los objetivos de Bolívar. Las convulsiones políticas de Bolivia en 1826 y 1827, y el consiguiente retiro de Sucre causaron desinterés en los políticos bolivianos sobre los resultados del Congreso de Panamá, y sus acuerdos no se ratificaron.
Los temas de discusión en la agenda del Congreso eran los siguientes:
1. Renovación de los tratados de unión, liga y confederación;
2. La publicación de un manifiesto en que se denuncia la actitud de España y el daño que ha causado al Nuevo Mundo;
3. Decidir sobre el apoyo a la independencia de Cuba y Puerto Rico, así como de las islas Canarias y Filipinas;
4. Celebrar tratados de comercio y de navegación entre los Estados confederados;
5. Involucrar a Estados Unidos para hacer efectiva la Doctrina Monroe en contra de las tentativas españolas de reconquista;
6. Organizar un cuerpo de normas de derecho internacional;
7. Abolir la esclavitud en el conjunto del territorio confederado;
8. Establecer la contribución de cada país para mantener los contingentes militares comunes;
9. Adoptar medidas de presión para obligar a España al reconocimiento de las nuevas repúblicas; y
10. Establecer las fronteras nacionales con base en el principio de uti possidetis, tomando como base el año 1810.
El pleito entre Perú y la Gran Colombia por la provincia de Guayaquil, así como el litigio entre México y Centroamérica por la región de Soconusco (actual Chiapas) impidió también discutir la aplicación del uti possidetis como criterio para la delimitación territorial, tomando como base el año 1810. Ante el fracaso de las conversaciones sobre este tema y para evitar el agravamiento de las pugnas ya existentes, estas cuestiones no se resuelven en el debate, encargando la definición de fronteras a los acuerdos bilaterales entre cada país.
La negativa de cada país participante a reducir sus aranceles anula todo intento de fijar acuerdos preferenciales de comercio, al ser evidente los desequilibrios en la balanza comercial de cada asistente. Los recién independizados países participantes dependen mucho de los aranceles como fuente de ingresos para sus gobiernos, por lo cual se niegan a toda concesión al respecto. La exigencia del observador británico Dawkins para contar con acuerdos comerciales de manera separada con cada estado impide las posiciones comunes entre los países hispanoamericanos y el Congreso decide mantener el statuo quo sobre los aranceles y el comercio.
El intento de estimular la independencia de Cuba y Puerto Rico recibió la opinión contraria del observador británico, quien adviritó además los riesgos de lanzarse a una guerra contra España en la región del Mar Caribe donde otras potencias como la propia Gran Bretaña y Francia poseían colonias. Por presión británica se desaconsejó también invocar el apoyo de EEUU para instaurar por la fuerza la Doctrina Monroe, en tanto los estadounidenses eran (junto a España) el principal socio comercial de Cuba y Puerto Rico.
Finalmente, surgió discrepancia entre México y la Gran Colombia sobre cuál de estos países debería liderar el esfuerzo anticolonial en las islas del Mar Caribe (donde ambos Estados disponían de importantes puertos). Esta pugna se agravó con la oposición del delegado británico a toda operación bélica contra las colonias españolas, y causó que el Congreso finalmente evitara tomar alguna decisión sobre el Caribe, mientras Gran Bretaña apenas ofrecía su mediación para lograr el reconocimiento diplomático del gobierno español de sus antiguas colonias.
Los embajadores tan sólo acordaron con relativa facilidad la creación de una liga de repúblicas americanas con jefes militares comunes, formar un pacto mutuo de defensa, y una Asamblea Parlamentaria Supranacional, aunque sin acordar detalles específicos sobre el funcionamiento de ésta Asamblea, ni sobre la organización de las tropas comunes de defensa, y menos aún sobre su financiamiento. Con muchas limitaciones se elaboró al fin el “Tratado magnífico titulado de la Unión, de la Liga, y de la Confederación perpetua” que emergió del Congreso, y aprobado por todos los concurrentes fue ratificado en última instancia solamente por la Gran Colombia en el mismo año de 1826.
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